Presentación

La ciudad y el territorio se enfrentan a una serie de grandes retos relacionados con la triple dimensión ambiental, social y económica de la sostenibilidad, tanto en el futuro inmediato, como a largo plazo. Para afrontarlos, la Estrategia UE Europa 2020 y, en España, la Estrategia para una Economía Sostenible, han fijado importantes objetivos específicos que contienen una indudable dimensión urbana. En este contexto, el proyecto pretende la definición, por vez primera, de un Estatuto jurídico para la Regeneración Urbana Integrada que adapte y refunda en un solo documento el marco jurídico propio y específico de este instrumento estratégico, con la identificación de las herramientas disponibles para cada escala de actuación (ciudad, barrio, edificio), que orienten la actividad de las administraciones, que proteja los derechos de los ciudadanos y que establezca cuáles son las obligaciones jurídicas de todos los agentes implicados (promotores, constructores, técnicos). Este marco teórico se comprobará en sus perspectivas reales y viables, en la escala metropolitana, en el Área Central de Asturias. Situamos en el Área Central de Asturias los retos de la aplicabilidad del marco jurídico propio y especifico que demanda la regeneración urbana integrada no solo por la proximidad y conocimiento directo de sus problemas por parte del equipo investigador, sino porque presenta los niveles de definición espacial propios de la ciudad disperso o difusa, representa un espacio metropolitano de unos 800.000 habitantes, articulada por los tres núcleos urbanos principales de Oviedo, Gijón y Avilés y sus infraestructuras de interconexión, en la que se han formado en las últimas tres décadas espacios intermedios de difusión urbana para funciones diversas (residencial, industrial, comercial, etc.), con un notable déficit de planificación (incompatibilidades de usos, saturación de redes de comunicación, etc.) y con una ocupación progresiva de espacios de interés agrícola, preferentemente las vegas de los ríos, por los nuevos usos industriales y comerciales. Se ha visto inmersa en procesos de fuerte reconversión industrial, con el abandono de instalaciones fabriles progresivamente transformadas en ruinas, y el deterioro de sus correspondientes áreas residenciales, en creciente abandono y degradación socioeconómica.

Mediante un enfoque pluridisciplinar, el proyecto pretende proporcionar a los poderes públicos, a los ciudadanos y a los agentes sociales y económicos, los elementos de conocimiento y herramientas jurídicas que permitan afrontar, con mayores garantías de éxito, la regeneración urbana integrada, ofreciendo una aportación valiosa a la intervención sostenible en la ciudad y el territorio.

Introducción

La crisis financiera, económica y social, implica para las ciudades españolas un reto añadido, puesto que en ellas existe una necesidad de afrontar problemas estructurales que tienen que ver con los recientes modelos de desarrollo urbano. Además, una parte significativa de las razones que han conducido a esta crisis tienen un sustrato espacial importante. El crecimiento de las ciudades no se ha hecho en muchas ocasiones con el objetivo de responder a la demanda real y a la satisfacción de las necesidades de calidad de vida de los ciudadanos. Una gran parte del desarrollo urbano de los años precedentes se ha llevado a cabo extendiendo la urbanización a miles de hectáreas de suelo, consumiendo de manera injustificada bienes no renovables, aumentando el gasto en infraestructuras y disparando los costes ambientales de la movilidad, produciendo un modelo de ciudad que, como poco, podemos calificar de insatisfactorio y sin lugar a dudas inviable desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Además, el proceso de urbanización en España se ha caracterizado durante los últimos treinta años por la consolidación de tendencias de signo opuesto que han configurado un escenario ciertamente complejo para las políticas urbanas. Por un lado, las iniciativas de rehabilitación edificatoria y renovación urbana que se han desarrollado, exitosas en muchos sentidos, pero limitadas a casos muy concretos y sin abordarse con un enfoque integrado y de plenitud de la entera ciudad, además de no haber podido evitar dinámicas de elitización y segregación social en la ciudad, a partir del filtro evidente que suponen los precios de la vivienda. Estos procesos de cambio de los centros urbanos han convivido de forma paradójica con un intensísimo proceso de dispersión de la urbanización en el territorio, que ha ensanchado de forma espectacular aquellos hábitats de baja densidad ya desarrollados en muchos municipios metropolitanos desde la década de 1960, las conocidas "urbanizaciones". Se trata de una dinámica común a todos los espacios urbanos españoles y que presenta un carácter ciertamente general, pues no únicamente se dispersa la residencia, con un uso progresivamente primordial de la vivienda principal, sino que, en realidad, lo hacen todos los activos que integran y configuran la vida urbana , la actividad, los servicios, el comercio o el ocio. El resultado de estos procesos de dispersión de la urbanización ha situado el hecho urbano ante una nueva fase que ya empezamos a denominar como la "urbanización del campo" o el "campo urbanizado".

La progresiva profundización de los procesos de segregación socioespacial en las ciudades ha supuesto que, a lo largo de los últimos anos, se generaran y se hayan ido consolidando políticas urbanas que, asumiendo las tradicionales intervenciones de renovación, rehabilitación edificatoria y mejora urbana, las han acompañado de una dimensión socioeconomica que hasta entonces no se había tomado en consideración, con objeto de mejorar las condiciones físicas en los barrios y de frenar dichos procesos de segregación o al menos de mitigar los problemas sociales, económicos, ambientales y urbanísticos que contribuyen a reforzar. Pero la escala a la que se ha llegado a desarrollar estas políticas ha sido limitada, en el mejor de los casos en barrios. Estas intervenciones se han empezados a desarrollar e lo largo de las últimas dos décadas, por parte tanto de diferentes Estados europeos como, en el caso español, de algunas comunidades autónomas (facilitadas por las Leyes de Barrios de Cataluña y de Islas Baleares). Han estado fomentadas también por la Unión Europea (Proyectos Pilotos Urbanos, Proyectos URBAN, Proyectos Iniciativa Urbana). El último paso institucional que se ha dado para avanzar en un nuevo modelo de desarrollo urbano que supere las deficiencias anteriores ha sido la Declaración de Toledo de 2010 suscrita por los Ministros responsables de desarrollo urbano de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, donde se adopta el concepto de la regeneración urbana integrada, se alcanza un común entendimiento del mismo, y se compromete promoverla como un instrumento estratégico para lograr un modelo urbano más inteligente, más sostenible y socialmente más inclusivo. Las peculiaridades del caso español permiten enfatizar la importancia de esta apuesta por el cambio de nuestro modelo de desarrollo urbano, con un enfoque que contemple acciones sociales, educativas, formativas, de impulso del empleo local, de la mejora de la calidad ambiental y de la movilidad sostenible. Un planteamiento de este tipo solo es posible superando el enfoque puntual, edificio a edificio, vivienda a vivienda, concentrando las acciones sobre escalas territoriales más amplias, desde una previa visión integrada que considere a la ciudad en su plenitud, como un todo, y las conexiones con el territorio que las acoge. Los tejidos urbanos a regenerar y revitalizar a menudo se encuentran en configuraciones urbanas cuyo epicentro lo constituyen ciudades grandes y medianas, afectadas en los últimos 20 años por un amplio despliegue metropolitano.